La semana pasada la autoridad judicial del estado de Guerrero declaró la inocencia de Eduardo Ojeda respecto a las acusaciones hechas en su contra por parte de Daniela Berriel, la actriz y conductora de televisión se mostró molesta y acompañada de sus abogados arremetió en contra de las autoridades y las tachó de corruptas tal como se puede leer en las declaraciones que hizo a los medios de comunicación.
Más allá de eso, la actriz y sus abogados han desconocido que la decisión favorable para Ojeda se determinó con base en el resultado exculpatorio de la prueba genética de ADN que se le realizó a éste y en la que a través de las muestras recabadas por la Fiscalía, las cuales cumplieron a cabalidad con la cadena de custodia, no se encontraron coincidencias con las muestras del cuerpo de Daniela.
La época reciente ha demostrado que hay que creerles a las víctimas de hechos traumáticos hasta que no se demuestre lo contrario. En el caso de Daniela Berriel, las pruebas están allí y fueron ya revisadas por peritos y jueces. La evidencia científica demostró con certeza que Eduardo es inocente.
Este no es el único caso que ha sonado en las noticias en los últimos meses. También está el pleito entre Frida Sofía y Enrique Guzmán, así como el de Ginny Hoffman, su hija y Héctor Parra, quien se encuentra encarcelado.
Las pruebas de ADN dan credibilidad a coyunturas tan relevantes como las comentadas en esta nota, contribuyen a que independientemente del sexo, estatus socio económico, o ideología, una persona pase meses o años privada de su libertad. El debido proceso nos protege a todos, creamos a las víctimas, pero respetemos el principio de inocentes hasta que se demuestre lo contrario.